La Contraloría General de la República finalizó un estudio sectorial que concluye que si bien las Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales promovidas desde el gobierno nacional constituyen un gran aporte para la transición hacía una matriz energética más limpia en el país, y ayudan a la mitigación de la actual crisis climática, el desarrollo de estos proyectos se enfrenta a dificultades de órdenes técnico, social y presupuestal, principalmente.
A esto se agregan los tiempos de estructuración y maduración de la gestión para viabilizar tales proyectos.
Adicionalmente, la escasa capacidad de pago de los usuarios potenciales aumenta la demanda de subsidios, lo que puede afectar las inversiones para el desarrollo posterior de proyectos de soluciones de energía alternativa en este tipo de zonas, advierte el estudio adelantado por la Dirección de Estudios Sectoriales (DES) de la Contraloría Delegada de Minas y Energía.
Así mismo, le preocupa a la Contraloría la sostenibilidad de estos sistemas al no contarse aun con las metodologías para remunerar la operación, administración de microredes, interconexiones y de las mismas Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales; más aún cuando en la actualidad se está hablando de comunidades energéticas y persisten las dudas sobre su adecuada operación con el sistema interconectado nacional.
El estudio sectorial sobre Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales analiza específicamente los resultados obtenidos en la prestación del servicio de electricidad mediante las mismas en las veredas y zonas rurales de las llamadas Zonas No Interconectadas -ZNI, de acuerdo con la estrategia establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
La Contraloría General evaluó los logros alcanzados tras la implementación de las Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales como estrategia para ampliar la prestación del servicio de electricidad mediante fuentes renovables, especialmente en esas regiones más apartadas del país (denominadas Zonas no Interconectadas), estrategia desarrollada mediante la celebración de contratos y ejecución de proyectos de inversión locales.
Resultados del estudio
Como un primer resultado del estudio, se logró establecer que la estrategia para la vinculación de nuevos usuarios se ha venido implementando desde el 2015 con efectos positivos en mejorar el acceso al servicio para más personas; sin embargo, se observa un rezago sustancial en el cumplimiento de las metas de cobertura y bastantes retos para garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de los esquemas de prestación del servicio en las zonas no interconectadas.
A partir del último censo de 2018 se determinó que son 818.119 las viviendas (más de 3.330.000 personas), a las que se debe llegar con el servicio de energía para alcanzar la cobertura universal. El diagnóstico completo señala que: 117.317 viviendas pueden contar con el servicio mediante microrredes aisladas, 470.340 viviendas pueden tener interconexión al Sistema Interconectado Nacional y 230.462 serían viviendas con Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales.
La inversión necesaria para lograr una cobertura universal se estima en $14,47 billones; $1,95 billones, corresponde a soluciones mediante microrredes aisladas, $6,9 billones para Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales y el restante $5,62 billones para conexión de las viviendas al Sistema Interconectado.
La cobertura lograda es aún insuficiente
La Contraloría analizó 32 contratos interadministrativos que el IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas), suscribió junto con el Ministerio de Energía, en los que se ejecutaron cerca de $271.348 millones para proyectos de Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales en 17 departamentos y que permitieron aumentar en 13.425 los nuevos usuarios con servicio.
En este sentido, el estudio indica que si bien se ha aumentado la cobertura con las inversiones adelantadas aún es es insuficiente. “Las metas de los diferentes gobiernos son poco ambiciosas hasta tal punto que las ejecuciones son superiores a los planeado. Pero con metas de 40.000 o 100.000 usuarios cada cuatrienio, la cobertura universal no se alcanzará en menos de 20 años”, se advierte al respecto.
Se encontró en este análisis que existe una desarticulación en la implementación de proyectos encaminados a proveer servicios de Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales, así como dificultades en la programación de las etapas de mantenimiento y monitoreo.
A partir del estudio sectorial, la CGR plantea una recomendación:
“Hoy más que nunca se deben aprovechar los recursos existentes en fondos públicos nacionales para ampliación de cobertura como el FAZNI y el FAER; en el sistema de regalías, las estampillas proelectrificación y los recursos regionales; para garantizar a todos los colombianos el acceso a un servicio público esencial para el bienestar como es la electricidad”.
La Pluma de Sandra 